En
estos días el Consejo Superior de la UBA deberá decidir acerca de la intención
de represores de la última dictadura militar, condenados o procesados por
crímenes de lesa humanidad, de estudiar en el Programa UBA XXII “Educación en
cárceles”.
Quienes
estudiamos y trabajamos en la UBA no estamos dispuestos a admitir que quienes
torturaron y desaparecieron a nuestros compañeros y compañeras sean parte de la
Universidad Pública. Los y las que luchamos todos los días por una Universidad
crítica, de excelencia y estrechamente vinculada a las necesidades del campo
popular y concebimos al CUD como un espacio de resistencia, nos oponemos a que
se le abran las puertas a los represores genocidas.
Éste
debate surgió a partir de la intención de los represores Donda, Rolón y Suarez
Mason de acceder al programa, acudiendo a la Justicia ante el rechazo de la
UBA. Ante esa situación, el Consejo Superior decidió formar una Comisión de
Notables Ad Hoc (compuesta por legistas y, a pedido de la representación
estudiantil por la mayoría, docentes de distintas facultades), para aconsejar a
la Universidad sobre la postura a tomar. La posición tomada por esta comisión
-que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Interpretación y
Reglamento del Consejo Superior- es clara: quienes estén procesados o
condenados por delitos de lesa humanidad no deben tener lugar en la Universidad
de Buenos Aires.
Los
represores, que hoy pretenden ser estudiantes de Universidad que ellos mismos
intervinieron, no deben ser confundidos con quien cometió cualquier delito;
ellos cometieron delitos de lesa
humanidad, por lo tanto son imprescriptibles. Sus crímenes los sufrió toda
nuestra sociedad, y de manera particular la Universidad de Buenos Aires: Intervenciones
y cierres de carreras, proscripción de autores y contenidos, la eliminación de
todo espíritu de conocimiento crítico y transformador, y más de 1300
estudiantes y docentes detenidos-desaparecidos, fueron el saldo en la UBA. Aún
hoy, nos quedan las marcas de esa sangrienta dictadura. En los 60 y 70 la
universidad era el escenario de profundos debates y promovía la crítica social
para la transformación. El modelo neoliberal, implementado a costa de las vidas
de los nuestros compañeros y compañeras, profundizado en las décadas
posteriores, impuso la concepción de la universidad que hoy sigue siendo
hegemónica, generando conocimiento para el mercado y los sectores dominantes de
la sociedad.
Por todo esto,
exigimos al Consejo Superior de la UBA la ratificación de lo dictaminado por las comisiones que
trataron el tema y, en consonancia con las posiciones y argumentos de docentes
y estudiantes del Programa UBA XXII de educación en cárceles, y de todos los
miembros de la comunidad académica comprometidos una Universidad Pública, de
calidad, crítica y transformadora, finalmente decida que los procesados o
condenados por genocidios no pueden estudiar en nuestra universidad, y de esta forma reafirme una
postura de compromiso inclaudicable con los derechos humanos en nuestro país.
No
olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos.
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