miércoles, 8 de agosto de 2012

La Universidad pública, sin genocidas



En estos días el Consejo Superior de la UBA deberá decidir acerca de la intención de represores de la última dictadura militar, condenados o procesados por crímenes de lesa humanidad, de estudiar en el Programa UBA XXII “Educación en cárceles”.

Quienes estudiamos y trabajamos en la UBA no estamos dispuestos a admitir que quienes torturaron y desaparecieron a nuestros compañeros y compañeras sean parte de la Universidad Pública. Los y las que luchamos todos los días por una Universidad crítica, de excelencia y estrechamente vinculada a las necesidades del campo popular y concebimos al CUD como un espacio de resistencia, nos oponemos a que se le abran las puertas a los represores genocidas.

Éste debate surgió a partir de la intención de los represores Donda, Rolón y Suarez Mason de acceder al programa, acudiendo a la Justicia ante el rechazo de la UBA. Ante esa situación, el Consejo Superior decidió formar una Comisión de Notables Ad Hoc (compuesta por legistas y, a pedido de la representación estudiantil por la mayoría, docentes de distintas facultades), para aconsejar a la Universidad sobre la postura a tomar. La posición tomada por esta comisión -que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior- es clara: quienes estén procesados o condenados por delitos de lesa humanidad no deben tener lugar en la Universidad de Buenos Aires.

Los represores, que hoy pretenden ser estudiantes de Universidad que ellos mismos intervinieron, no deben ser confundidos con quien cometió cualquier delito; ellos cometieron delitos de lesa humanidad, por lo tanto son  imprescriptibles. Sus crímenes los sufrió toda nuestra sociedad, y de manera particular la Universidad de Buenos Aires: Intervenciones y cierres de carreras, proscripción de autores y contenidos, la eliminación de todo espíritu de conocimiento crítico y transformador, y más de 1300 estudiantes y docentes detenidos-desaparecidos, fueron el saldo en la UBA. Aún hoy, nos quedan las marcas de esa sangrienta dictadura. En los 60 y 70 la universidad era el escenario de profundos debates y promovía la crítica social para la transformación. El modelo neoliberal, implementado a costa de las vidas de los nuestros compañeros y compañeras, profundizado en las décadas posteriores, impuso la concepción de la universidad que hoy sigue siendo hegemónica, generando conocimiento para el mercado y los sectores dominantes de la sociedad.

Por todo esto, exigimos al Consejo Superior de la UBA la ratificación de  lo dictaminado por las comisiones que trataron el tema y, en consonancia con las posiciones y argumentos de docentes y estudiantes del Programa UBA XXII de educación en cárceles, y de todos los miembros de la comunidad académica comprometidos una Universidad Pública, de calidad, crítica y transformadora, finalmente decida que los procesados o condenados por genocidios no pueden estudiar en nuestra universidad, y de esta forma reafirme una postura de compromiso inclaudicable con los derechos humanos en nuestro país.

No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos.









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